La represión política no solo está en Siria o China, también está en el municipio de El Rosario, “regentado” desde hace veintiocho años por el “Socialista” Macario Benítez Gil (Para mayor inri, imputado en el llamado caso Varadero).¡Lo que leen!
Vanesa Lucía Báez Dorta, vecina de El Rosario de toda la vida, está siendo tratada injustamente y perseguida por pertenecer a otro partido político diferente al del Sr. Macario.
Vanesa nació en La Esperanza , la parte alta del municipio. Su abuela Lucía ponía las inyecciones a muchos vecinos, cuando no había ni siquiera practicante y era muy conocida y querida. Vanesa estudió también en el pueblo, fue catequista muchos años y también formó parte de una de las rondallas conocidas del pueblo.
Más tarde, cuando se independizó, siguió vinculada a su pueblo con diversos trabajos, primero fue monitora deportiva, contratada por el Ayuntamiento, durante cuatro cursos, desde el 89, luego hizo substituciones en la escuela Infantil actual, creándose una buena reputación como trabajadora dentro del municipio, por eso la llamaron nuevamente desde el Ayuntamiento para trabajar en la escuela, donde fue contratada con renovaciones año tras año hasta unas cuatro veces. Más tarde ocupó un puesto durante otros cuatro años en el centro de menores de la Dirección General del Menor.
Durante todos estos años, conoció a muchos concejales y padres de alumnos del municipio, con los que siempre mantuvo una relación cordial y fluida y nunca hubo queja alguna de ella.
En Agosto de 2010 se presenta a una convocatoria para cubrir una plaza de educadora infantil en el municipio de El Rosario, puesto que ocupa con total entrega y sin ningún problema hasta que “COMETE EL DELITO DE MILITAR EN OTRO PARTIDO POLÍTICO DIFERENTE AL DEL SR. MACARIO”.
En el momento en que se verifica su militancia en el emergente partido “Sí Se Puede”, se confabulan contra ella de manera arbitraria y fuera de la legalidad, al no renovarle el contrato, haciendo referencia a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Municipio, abriéndole un expediente disciplinario en la que le acusan de actos (no probados hasta el momento), que ella no ha cometido e incluso prohibiéndole la entrada a la escuela por parte de la concejal que las lleva.
En concreto se le pretende atribuir, el haber movilizado a los padres de los alumnos y de recoger firmas de los mismos. Cuando en realidad, son los propios padres los que tienen la iniciativa de apoyar el caso, los que se movilizan para ello por sí mismos y los que se organizan para recoger firmas y manifestarse, haciendo uso de su legitimo derecho.
No han probado nada, entre otras cosas, porque Vanesa no ha hecho nada, solo estar informada de lo que los padres iban hacer, que además nunca se ocultó, y para colmo el expediente que le abren, está basado en un informe de la directora del centro de trabajo, que en el momento de los hechos estaba de baja.
En fin un cúmulo de despropósitos, con tal de no renovar a esta trabajadora ejemplar, porque ahora su preferencia política está con otro partido político.
Creemos, que hay evidencias sobradas de que se trata de un caso de moving político del que tendrán que responder sus autores, tarde o temprano.
Desde el Comité de SSP, denunciamos públicamente la injusticia que se está haciendo con esta persona, nos solidarizamos con ella y le manifestamos nuestro apoyo incondicional.
Pedimos el archivo del expediente abierto a Vanesa, así como la renovación inmediata de su contrato, contrato que le corresponde legítimamente porque estaba cubriendo una plaza vacante y no una substitución.
De no ser así, se ejercerán todas las acciones legales y políticas que están en nuestra mano para tratar de paliar en lo posible este injusto abuso.
