En este mes de enero, el Comité Local de Alternativa Sí Se Puede en El Rosario interpuso una denuncia contra el alcalde del municipio, Macario Benítez, ante la fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife. La denuncia se debe a lo que Sí Se Puede entiende como un delito de impedir el ejercicio del derecho a la información que tiene su Concejal Electo en el Consistorio, Fidel Vázquez Benito.
En repetidas ocasiones, el Concejal Vázquez no ha recibido respuesta del alcalde ante sucesivas petición de información necesaria para la labor de oposición que debe realizar el mencionado Concejal. Estas peticiones de información versan sobre los locales que el Ayuntamiento debiera haber cedido a los grupos de la oposición para que estos realicen su labor, tal y como indica la legislación vigente; sobre la Moción Institucional que decidió elaborarse en sesión plenaria ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el 2 de agosto de 2011, con el objetivo de crear una comisión representativa de todos los grupos políticos para elaborar el Reglamento de Participación Ciudadana del municipio; y sobre la Licencia de obra solicitada por Sí Se Puede en abril de 2011 en relación a la demolición del Monumento a Franco situado en Las Raíces. Ninguna de ellas fue nunca contestada por el alcalde, cuando La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 77 obliga a ello en un plazo de 5 días.
En cuanto a otra petición sobre facturas abonadas por el Ayuntamiento de El Rosario en los últimos 5 años, de gasóleo para generadores de energía eléctrica que suministran a viviendas del Municipio que no tienen suministro con Unelco, el alcalde, aunque fuera de plazo, contestó negando la información, aduciendo que no había “razonamiento en la petición que justifique la necesidad de esta información para el desarrollo la función del que subscribe como miembro de la Corporación Local”.
Sí Se Puede entiende que los hechos mencionados constituyen una negativa reiterada, consciente e injustificada del derecho a la información a que tiene su Concejal, puesto que además de lo injusto de su actuación, el señor Alcalde que ha estado y está desempeñando ese cargo durante más de veintiocho años (es Alcalde desde 1983), y es veterano conocedor de una norma tan elemental como el artículo 77 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de los artículos 14 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales que proclaman el derecho de los Concejales a obtener información; por lo que su actuación impide de manera arbitraria y reiteradamente el ejercicio de este legítimo derecho constitucional y legalmente reconocido para el desarrollo de las funciones de Concejal.
Las actuaciones del Alcalde pudieran revestir una vulneración del derecho fundamental del artículo 23.1 del núcleo duro de nuestra Constitución, que establece que ”los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal“, por lo que se insta la aplicación de la protección del Ordenamiento Penal.
Partiendo de que el pluralismo político es un valor superior de nuestro Ordenamiento Jurídico; este derecho fundamental de participar en los asuntos públicos, en el caso de los Concejales que no forman parte de los equipos de gobierno de las Entidades Locales, se manifiesta en su facultad de control desde la Oposición de la citada acción de gobierno. Es por ello, que para el adecuado ejercicio de esta facultad, es necesario que todo representante electo pueda tener acceso a la información y documentación precisa, para realizar un eficaz cumplimiento de su cargo.
Sí Se Puede en El Rosario se viene quejando repetidamente de lo costoso que le está siendo hacer labor de oposición en un Ayuntamiento donde el grupo de gobierno está acostumbrado a casi 30 años de mayoría absoluta y no es capaz de entender que el resto de Concejales Electos representan a una porción de la población que los puso en el Consistorio con el ejercicio constitucional del voto en las urnas el pasado mayo de 2011, forman parte del Consistorio, y están ahí para colaborar al gobierno del municipio haciendo labor constructiva de oposición, labor que es imposible de realizar estando constantemente en el más absoluto desconocimiento de la información necesaria para realizarla. Cuando la información se proporciona, siempre es a última hora, rozando los límites legales (cuando no traspasándolos como son los casos que contiene esta denuncia). Para rematar, la periodicidad de los plenos ordinarios, el número de mociones y preguntas posibles por parte de cada Concejal de la oposición, el horario de los plenos por la mañana, la negativa a darles publicidad institucional, la inmovilidad ante las iniciativas de la oposición por reactivar la participación ciudadana en la gestión municipal, la rigidez ante los turnos de palabra, etcétera. Todo contribuye a tener una acción del grupo de gobierno absolutamente opaca y blindada que impide el ejercicio de la democracia participativa más allá del mero día de las elecciones.
