Recientemente Colación Canaria ha presentado en el Parlamento Canario una proposición de Ley relativa al “Catálogo Canario de Especies Protegidas”, que más propiamente debiera llamarse de “Descatalogación de Especies Protegidas de Canarias”, pues eso es lo que realmente pretende.
Por una serie de razones geológicas, biogeográficas e históricas complejas, en las que este artículo no pretende profundizar, Canarias está dotada de un patrimonio natural excepcional, hecho reconocido internacionalmente al haber sido incluido nuestro archipiélago como uno de los puntos caliente de biodiversidad mundial, con cerca de cuatro mil especies exclusivas.
Como quiera que una fracción importante de ese excepcional patrimonio natural se encuentra amenazado, y no siempre necesariamente debido a la actuación humana, pues es habitual que los endemismos insulares presenten pocas o una única población y éstas, pocos individuos, en un pasado reciente se crearon las figuras de los catálogos de protección, incluyendo en ellos a las especies sobre las que se cierne algún tipo de amenaza. Es de resaltar que en esta labor la administración contó con el asesoramiento de los científicos, alcanzándose un gran consenso respecto a la composición de los catálogos y a las figuras de protección en los que debían estar encuadradas las diferentes especies.
Gracias a ese esfuerzo, en la actualidad coexisten en Canarias dos figuras para la protección, el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA), en el que figuran unos 270 endemismos canarios, suponiendo nuestra flora y fauna la fracción más importante del mismo, y por otro lado, el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias (CEAC), documento aprobado en 2001 y en el que figuran unas 450 especies endémicas o poblaciones canarias de especies nativas carismáticas, como por ejemplo los cetáceos.
Incluir especies amenazadas en catálogos no es un brindis al sol, pues la administración competente se compromete a conseguir los recursos económicos necesarios para que éstas puedan ser estudiadas, seguidas en el tiempo, y ser redactadas unas normas de conservación particulares, cuyo fin último ha de ser que mejoren sus expectativas de supervivencia, o al menos, que no las empeoren. Además, también cabe entender que los catálogos se revisen con el paso del tiempo, tanto para recalificar a las especies en otras categorías, como para catalogar nuevas, o descatalogar algunas de las recogidas. Obviamente, el aumento de los conocimientos puede propiciar que se encuentren nuevas poblaciones de una especie amenazada, que pueden hacer reconsiderar su estatus de amenaza, que estudios genéticos demuestren que alguna es introducida o, finalmente que, por el hecho de haberse desarrollado adecuadamente las tareas de conservación, se logre eliminar las amenazas que se ciernen sobre otras, mejorando el estatus de sus poblaciones y eventualmente no siendo necesaria la permanencia de éstas en el catálogo por más tiempo. Pero, lógicamente, las revisiones también habrán de tener en cuenta el hecho de que se hayan encontrado nuevas especies para la ciencia, hasta ahora inadvertidas, por lo que cabe suponer que apenas consistirán de pocas, si no una única población, por lo que su estado de amenaza es necesariamente significativo.
La propuesta de Coalición Canaria y sus socios del PP, se propone la descatalogación del CEAC vigente de una decena de especies recogidas en el Catálogo Nacional y la recalificación, hacia una categoría de menor importancia, de una docena más, que se recogen como “en peligro de extinción”.
Primera barbaridad: especies canarias protegidas al máximo nivel en el Catálogo Nacional, no están ni siquiera incluidas en el canario. En lo que respecta a éste, la proposición apuesta por la descatalogación, nada menos que de 130 especies más, que pasarían sencillamente a dejar de estar protegidas. Segunda barbaridad: una fracción muy significativa de nuestro patrimonio se descataloga sin que haya una mejora significativa del estado de dichas especies. Pero tal vez el hecho más llamativo de la nueva propuesta, es la aparición de una nueva figura de protección, que recibe el desafortunado nombre de “especies de interés para los ecosistemas canarios”, como si todas las especies presentes no fueran de interés para los ecosistemas, más aún cuando las de mayor interés para los respectivos ecosistemas, es decir, las estructurantes, como el pino canario para el pinar, o la retama del Teide para el retamar de cumbre, no están catalogadas como tales, sencillamente porque son suficientemente abundantes como para merecerlo.
La gran trampa que esconde esta figura de nuevo cuño, es el hecho de que sólo están protegidas las poblaciones que se encuentren presentes en algún espacio natural protegido, bien de la red Canaria, o de la red Natura 2000, las dos figuras de protección que coexisten en las Islas. Además como en muchas ocasiones los límites de los espacios naturales canarios no responden a criterios ambientales, sino artificiales, o que muchas especies, como pasa por ejemplo con las aves, son móviles, su protección variará dependiendo de donde se encuentran, dentro o fuera de un espacio protegido.
Tercera barbaridad: las poblaciones de una especie catalogada con esta nueva figura, como la seba (Cymodocea nodosa), que sospechosamente pierde su categoría anterior de “sensible a la alteración del hábitat”, que estén fuera de un espacio protegido, carecen de protección. Para entendernos, la nueva legislación pretende, entre otras muchas tropelías, que el sebadal de Granadilla, que como ya sabemos es el más importante y biodiverso de Canarias, pero se encuentra fuera del LIC “Sebadales del Sur”, quede con esta pirueta totalmente desprotegido.
Parece evidente que los instrumentos legales con los que se dotó la sociedad canaria en el pasado para gestionar adecuadamente su valiosísimo patrimonio natural, son hoy en día un obstáculo insalvable para la continuación de la política desarrollista a ultranza, que tanto gusta a nuestros representantes. Si hacemos números, no hay que ser muy espabilados para entender que esta proposición saldrá adelante en el Parlamento. Y todo ello propiciado por los que se autoproclaman como los auténticos defensores de los intereses de Canarias, que habitualmente confunden con los suyos propios.
La conclusión es sencilla, en política de conservación habremos retrocedido al siglo pasado y una vez más la sociedad civil tendrá que movilizarse para tratar de impedir semejante atropello de nuestro patrimonio natural.
José María Fernández-PalaciosProfesor titular de ecología en la ULL y miembro de la Coordinadora Insular de Alternativa Sí se puede por Tenerife.
